El Parlamento Europeo ha aprobado las primeras normas de la UE para el rastreo de criptoactivos y prevenir el blanqueo capitales, así como las reglas de supervisión y protección al cliente.

Unanimidad contra el anonimato y la privacidad en el mercado criptoactivos

El conjunto de normas es el primer texto legislativo de la UE creado para asegurar la trazabilidad de las transferencias de criptomonedas como bitcoins y tokens de dinero electrónico. El texto tuvo el respaldo de 529 eurodiputados a favor, con tan solo 29 votaciones en contra y 14 abstenciones, dejando clara de esta manera la práctica unanimidad de la decisión y la clara hoja de ruta en el marco europeo.

Regulación de Criptoactivos

Cabe resaltar que el texto ya estaba acordado provisionalmente por el Parlamento y el Consejo desde junio de 2022. En aquel momento ya se tenían claros los objetivos: asegurar que las transferencias de criptomonedas puedan ser rastreadas y toda operación sospechosa bloqueada. Tendrían así el mismo trato que cualquier otra operación bancaria.

Resaltar también que la norma es aplicable a todas aquellas transacciones superiores a 1.000 euros que tengan su origen en las denominadas carteras no alojadas (direcciones de usuarios privados), siempre que interactúen con otras carteras alojadas y administradas por proveedores de servicios de cambio de moneda. Por último destacar que, la actualización legislativa que aquí se discute no se aplicará a aquellas operaciones de persona a persona realizadas sin la mediación de un proveedor ni a aquellas entre proveedores de servicios que hayan llevado a cabo la operación en su propio nombre.

Mercado uniforme para los Criptoactivos y medio ambiente

No solamente se realizó una votación sobre la trazabilidad y el trato a las operaciones con criptoactivos, sino que también se dio el visto bueno definitivo (con 517 votos a favor esta vez) a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, la protección al consumidor y las salvaguardas medioambientales de los criptoactivos, (MiCA, por sus siglas en inglés).

El proyecto de ley también tuvo una primera aprobación el pasado junio de 2022, donde se incluyen garantías contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.
Este reglamento se aplicará a los criptoactivos que no estaban regulados previamente, con el objetivo de alcanzar la máxima cuota de transparencia y publicidad de información en relación con los peligros del mercado.

Impacto de la regulación europea a efectos de la PBC/FT.

Los derechos de los consumidores a estar mejor informados y a recibir un trato transparente por parte de los proveedores de estos servicios, tiene su impacto en los sistemas de PBC/FT y protocolos internos de los mismos. Recordemos que tales proveedores de servicios son sujetos obligados por la ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se les definen como proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y donde se incluyen en el mismo nivel a aquellos proveedores de custodia de monederos electrónicos.

Estos profesionales sufren imposiciones más severas por su actividad empresarial, pues son los únicos que requieren de un proceso de inscripción en el registro del Banco de España para poder iniciar sin trabas su actividad empresarial.

Asimismo, gracias a las últimas decisiones tomadas por los eurodiputados, a estos sujetos obligados se les añade la nueva obligación de asegurar que sus condiciones de contratación, y la operativa en si, sean de fácil comprensión.

En Tarinas Law & Economy disponemos de un equipo multidisciplinar compuesto por consultores en Prevención del Blanqueo de Capitales y asesores expertos en Compliance Penal, no dude en contactar con nosotros para que le asesoremos y le ayudemos en la implantación de la Prevención del Blanqueo de Capitales y/o del Compliance concreto en su ámbito de actividad y que respete las últimas modificaciones legislativas.

Un sistema que le facilita las herramientas para no ser utilizado como un instrumento para delitos de blanqueo ni hallarse en situación de incumplimiento normativo.

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