El pasado 1 de octubre entraron en vigor dos órdenes del Ministerio de Hacienda en el BOE (HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021) en el que comunidades autónomas, municipios, o cualquier administración o intermediario privado dispondrán de 90 días para crear planes antifraude y, por ende, poder optar a subvenciones por parte de la Unión Europea.

90 días para poder pedir subvenciones europeas

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido en el ámbito de la Unión Europea; orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19. Así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación; consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia.

El objeto de la ejecución del PRTR es establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial las provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.

Las presentes órdenes pretenden que las Administraciones públicas implanten un Sistema de cumplimiento normativo tal y como ya lo realizan grandes empresas. En este sentido, significa que se deberán establecer códigos éticos, sistemas de alerta, mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, cursos de formación y políticas de obsequios y confidencialidad, entre otros.

Orden HFP/1030/2021

Analizaremos en primer lugar la orden HFP/1030/2021 que configura el sistema de gestión del PRTR.

La presente orden está formada por varios artículos donde se desarrolla todo lo que debe comprender el Sistema de PRTR. La cual está orientada a planificar, definir, ejecutar y controlar proyectos y subproyectos del Plan gubernamental. Por lo que, la orden se aplicará a cualquier entidad que integre el sector público y/o que esté implicado en la ejecución de la misma como perceptor de fondos.

La disposición establece pautas para su seguimiento, control y verificación. Así como, pautas para el análisis de riesgo por impactos ambientales negativos, mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflictos de interés.

La presente orden también pone especial atención a la necesidad de verificar que la ayuda en cuestión es compatible con el régimen de ayudas del estado y, por ende, prevé la doble financiación. Así como, la necesidad de justificar la identificación y remisión de información del beneficiario final de los fondos.

Para facilitar la tarea de verificación, la disposición establece unos parámetros de autoevaluación y riesgo donde se autentifican elementos como los objetivos y procedimientos; y se realizan test de elementos esenciales, control de gestión, hitos y objetivos, daños medioambientales, conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción entre otros. Seguidamente, se adjuntan las referencias, principios y criterios de gestión.

Se deben crear modelos y procedimientos para minimizar los riesgos altos y, actuar en el caso de que estos se materialicen. Se deben contemplar procesos específicos para los casos concretos sospechosos; tales como, interrupción de desembolsos, retirada de fondos, etc.

Para concluir la orden, se adjuntan los modelos de declaración de; ausencia de conflicto de interés, cesión y tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de principios transversales.

Hay que poner especial atención a un aspecto muy relevante de la presente orden; y es que, se deberá plasmar todo en un Informe de Gestión que se remitirá a la Autoridad Responsable y; será esta Autoridad quien emitirá la declaración de gestión que se adjuntará a la solicitud de pago que se presente ante la Unión Europea.

Orden HFP/1031/2021

Esta norma tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos; en especial las provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. Con la finalidad de cumplir con seguridad jurídica y eficacia los requerimientos que conlleva el PRTR, se diseña el sistema de información de gestión y seguimiento.

El propósito de esta orden ministerial es establecer el procedimiento y formato de la información a remitir por las entidades públicas decisoras y ejecutoras de los proyectos o líneas de acción correspondientes a medidas financiables con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en treinta Componentes, dedicados a distintos ámbitos de la economía. En cada uno de los Componentes se prevé un conjunto de medidas (reformas o inversiones); que permitirán conseguir los efectos transformadores que se pretenden con el Plan.

Se establece el contenido, forma, fecha y periodicidad de envío de la información para el seguimiento de la ejecución contable de los proyectos, subproyectos y líneas de acción y el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos.

Finalmente, se adjunta en la disposición un formato orientativo de la información de ejecución contable a remitir.

Conclusión

La Unión Europea hará entrega al gobierno de España de la cantidad de 140.000 millones de euros a consecuencia del PRTR. Sin embargo, para poder ser beneficiario se deberán cumplir los requisitos y las condiciones establecidas en las órdenes citadas; las cuales regulan el Sistema de Gestión del PRTR y el Procedimiento y formato de la información para el seguimiento de la información y de los hitos y objetivos.

La finalidad principal de estas órdenes es conseguir una estabilidad para salir de la crisis ocasionada por el COVID-19 a nivel económico y social. Para ello, es relevante establecer unos proyectos adecuados de antifraude; y asimismo, implantar un Sistema de gestión que dé cumplimiento a las obligaciones previstas por la UE. Solamente de esta forma se entregarán las ayudas económicas sucesivamente hasta el 2026.

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