No hay nada más permanente que un impuesto temporal

Introducción al Impuesto sobre el Patrimonio y la controversia que genera entre los grupos sociales.

Hace unos meses conocíamos la prorrogación de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio en los Presupuestos del 2018. Una noticia francamente polémica entre los expertos dada la postura contraria que manifiestan la mayoría.

El impuesto fue concebido por primera vez en el sistema tributario español en 1977 como una herramienta útil, no solo recaudatoria, sino también censal; y pese a haber sido eliminado en 2008 por el carácter confiscatorio que lo
fundamenta, se restableció en 2011 dada la diezmada situación en que la crisis dejó las arcas públicas. A partir de 2013, el Gobierno debe decidir año a año, si lo renueva.

El impuesto se incluirá en los presupuestos de 2018.

Esta vez, se ha confirmado que el Gobierno lo incluirá en los Presupuestos de 2018; pues por muy polémico que resulte, los gobiernos autonómicos recaudan cada año una media de 1.000 millones de euros, y pese a las insistencias de los expertos en que es abusivo, las exigencias de Bruselas en recortar el déficit público ejercen un peso mayor.

Existe una gran disparidad en la aplicación del impuesto entre las distintas comunidades autónomas ya que la recaudación de este es competencia de las mismas. Mientras autonomías como Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana son las que más ingresan, otras como Madrid no recaudan nada, cosa que provoca ineficiencias en su recaudación al existir numerosos contribuyentes que trasladan su sede fiscal a esta comunidad para eludirlo.

Un impuesto que distorsiona, porque cae en la doble imposición.

Pese a que los gobiernos han alegado siempre la presencia del impuesto como un mal necesario,
constituye un impuesto que genera gran distorsión sobre la relación entre ahorro e inversión, además de ser un sistema totalmente obsoleto como herramienta censal. Además, se entiende como un impuesto que cae en la doble imposición ya que al gravar la riqueza acumulada, grava la renta en el momento de generarla y otra vez al mantenerla.

Finalmente, destacar el limitado poder redistributivo, puesto que grava la renta de la clase media mientras que las grandes fortunas recurren a estratagemas fiscales para evadirlo. Razón por la cual, muchos economistas reclaman una unificación de las bases tributarias del Impuesto sobre el Patrimonio que solvente las ineficiencias en su recaudación, eliminando así las bonificaciones del 100% en las que las CCAA pueden ampararse.

Veremos cómo se acaba resolviendo esta polémica discusión en la que se contraponen los intereses de las instituciones públicas juntamente con los grupos más liberales que promueven las herramientas redistributivas, frente a la voz de los grupos más conservadores.